lunes, 7 de noviembre de 2016

PARTIDO VANGUARDIA POPULAR UN PROGRAMA DE URGENCIA

JUSTICIA SOCIAL PARA EL PUEBLO Y SOBERANÍA REAL PARA LA PATRIA.


1.-UNIDAD POPULAR PARA EL CAMBIO SOCIAL
Para alcanzar la justicia que el pueblo demanda es imprescindible la unidad de todos los que sufren las nefastas consecuencias económicas, sociales y culturales del neoliberalismo.
La unidad popular no debe concebirse como una unidad burocrática o sectaria, más bien ha de ser activa y diversa para que pueda expresarse de múltiples maneras, según corresponda a cada grupo social.
Lo decisivo es la organización popular: partidos, sindicatos, comunidades indígenas, minorías étnicas, organizaciones femeninas, juveniles, agrupaciones que luchan por los derechos LGBT, grupos comunales y expresiones artísticas y culturales.
Debe tenerse en cuenta los grandes movimientos de nuestra época, entre ellos de manera principal: la defensa del medio ambiente, la lucha de género por la igualdad, el reconocimiento de la diversidad sexual, la lucha contra el trabajo infantil, el respeto a las trabajadoras sexuales, etc.
La unidad popular no es un partido político es un propósito, es la voluntad de contribuir a una vida justa, normal y honesta para todo el pueblo costarricense.
2.-SISTEMA ELECTORAL REALMENTE DEMOCRÁTICO QUE GARANTICE UNA AUTÉNTICA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO
El sistema electoral vigente no es democrático, porque no garantiza una auténtica expresión de la voluntad popular. La decadencia política y la ausencia ética en los procesos electorales contradicen lo que debe ser una verdadera democracia, realmente participativa y protagónica.
El modelo actual interpone el poder del dinero entre el elector y el elegido. La mercantilización de  la política electoral, legítima la pregunta: ¿Quién gana las elecciones, las virtudes o el dinero invertido en una campaña electoral?  Cada día se hace más evidente el papel preponderante de las inversiones económicas en los resultados de una elección. Por esta vía, a través del uso del monopolio mediático, se garantiza el poder hegemónico de la oligarquía entreguista en toda la vida política.
Se puede entonces afirmar que el sistema electoral es una puerta abierta a la influencia del crimen organizado en la vida política y, por esa vía, en el crecimiento de la corrupción administrativa.
La corrupción administrativa ha penetrado profundamente todo el sistema administrativo y todos los poderes públicos. Su fuente primaria son precisamente los  procesos electorales.
Por otro lado, la gigantesca e injustificada contribución del Estado a los procesos electorales es también es una fuente de los problemas señalados.
El fortalecimiento de la democracia electoral exige también la necesidad de cambiar  las bases jurídicas de la organización de los partidos y de la estructura de la autoridad electoral.
Sobre este asunto, tan delicado como importante, debe iniciarse un intercambio de opiniones entre todos los sectores del movimiento popular para presentar un programa común y un proyecto de legislación electoral.
3.-DERECHO A LA ORGANIZACIÓN POPULAR Y A LA PROTESTA SOCIAL
Cualquier limitación al derecho del pueblo a organizarse y a protestar es inadmisible; es una evidente negación de los derechos democráticos.
Los trabajadores tienen el derecho constitucional a organizarse en sindicatos. Todos los demás grupos sociales tienen también derecho a  organizarse libremente, haciendo uso del derecho de asociación.
La protesta social es el uso del derecho a expresar libremente el pensamiento y el más auténtico medio de demandar justicia y libertad.
Cuando las clases dominantes impiden el ejercicio pleno de estos derechos no solamente desenmascaran su propia hipocresía, sino que muestran que, contra todo principio, hacen prevalecer sus intereses sobre los de la mayoría de la población. Es el ejercicio del poder hegemónico de la minoría burguesa ante las justas demandas populares.
La lucha por la libertad de organización sindical,  por la concertación de convenciones colectivas y del derecho de organización de todo el pueblo han de ser una una causa de todo el movimiento popular.
La violación de los derechos constitucionales del pueblo trabajador deben convertirse delitos punibles.
4.-EL DERECHO DE HUELGA, SIN EXCLUSIONES, SIENDO UN DERECHO UNIVERSAL Y FUNDAMENTAL ES PARTE ESENCIAL DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
Todos los trabajadores asalariados, sin ninguna excepción, tienen derecho a declararse en huelga para la defensa de sus intereses laborales y el único requisito será tener el apoyo de al menos el cincuenta por ciento de los trabajadores de la empresa o servicio de que se trate.
En las empresas complejas, con secciones o departamento bien definidos, los trabajadores de esas secciones tendrán también el derecho a la huelga.
La negociación en estado de huelga es obligatoria para el patrono.
5.-LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ANCESTRALES SON RESPONSABILIDAD DE TODOS.
Los pueblos ancestrales costarricenses tienen derecho a vivir según su propia idiosincrasia y sus tradiciones.
Tienen derecho al autogobierno, a conservar su propio idioma y a desarrollar su cultura. Debe eliminarse  el concepto “reserva” y sustituirlo por región indígena o territorios autóctonos, con un gobierno local nombrado por ellos mismos mediante votación. El Estado debe garantizar el respeto a los límites de la “región indígena” y evitar su violación por terratenientes.
La economía de las zonas habitadas por los indígenas debe regirse por las normas establecidas por sus propios habitantes y por su gobierno local.
6.-LA IGUALDAD DE TODOS Y COMBATE CONTRA CUALQUIER DISCRIMINACIÓN
La igualdad de los habitantes tiene que ser real, superando la igualdad formal establecida por la legalidad burguesa.
Sancionar severamente cualquier tipo de discriminación por razones de género, el color de la piel, por el origen nacional, por la diversidad sexual, por la incapacidad innata o la que resulte de contingencias.
Las familias que resulten de la diversidad sexual han de tener exactamente los mismos derechos que  la tradicional, sin ninguna limitación discriminatoria.
Toda familia tendrá los mismos derechos independientemente del régimen jurídico que la regule siguiendo la voluntad de las partes.
La desigualdad que resulta de la diferencia de recursos económicos debe ser atenuada y atendida por el Estado como una prioridad política.
7.-SUPERAR LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS DE LA ECONOMÍA CAMPESINA
Debe prohibirse la importación de artículos de primera necesidad, salvo en casos de inopia debidamente comprobada.
El modelo de desarrollo neoliberal ha producido, entre muchos otros males, una grave crisis de la economía campesina, la que produce los alimentos básicos para la población y para la agroindustria.
Mientras muchos  campesinos padecen pobreza extrema, una parte sustancial de los alimentos que ellos podrían producir son importados.
Los campesinos productores han sido sustituidos por comerciantes. Este es el nefasto resultado de la política neoliberal impuesta por las potenciass imperialistas y cristalizado por la oligarquía apátrida.
La parte fundamental de la distribución de alimentos y otros artículos de alto consumo también está en poder de monopolios extranjeros.
Deben  restablecerse el Consejo Nacional de Producción, sobre nuevas base pero conservando funciones fundamentales: compra de la producción de arroz, frijoles, maíz y otros productos con garantía de precios básicos preestablecidos, compra de los productos de la pesca artesanal y el establecimiento de estancos de alimentos básicos y otros productos como elemento regulador de sus precios.
Debe restablecerse el modelo de precios de sustentación para toda la producción campesina y pesquera y distribuir estos productos en estancos cuya misión fundamental sea el control de precios.
8.-TIERRAS FÉRTILES, APTAS  PARA LOS CAMPESINOS, ESTIMULO DE LA PESCA ARTESANAL Y LUCHA CONTRA LOS MONOPOLIOS COMERCIALES Y AGRÍCOLAS.
Es urgente hacer un estudio sobre la tenencia de la tierra--no solo con fines estadísticos— que permita entregar ordenadamente tierra a los campesinos pobres y medios, dispuestos a producir.
Todos los excesos, las demasías, las ocupaciones ilegales y otras figuras ilegítimas de tenencia de la tierra, deben utilizarse para realizar programas productivos para campesinos individuales o para la organización de cooperativas.
Debe ponerse un límite a la tenencia, por cualquier título, de tierra, recuperar los excesos y entregarlos a los productores campesinos.
Los campesinos tendrán una protección especial del Estado, en cuanto a créditos, maquinaria, insumos y mercadeo.
Se establecerá un estatuto especial para que en las zonas fronterizas inalienables se produzca en beneficio de los agricultores y de la población.
Crear zonas de especiales de producción agrícola donde se garantice a los campesinos contra  la penetración de las plantaciones de propiedad de monopolios extranjeros o nacionales y otras circunstancias que atenten contra la producción. Serán auténticas reservas de producción de alimentos básicos.
Los campesinos tendrán pleno derecho a asociarse, con plena libertad y garantía del respeto a su voluntad.
Es evidente que la  tierra, como efecto del modo capitalista de producción y del dominio imperialista, está injustamente distribuida.
Es la hora de una reforma agraria que termine con el latifundismo improductivo y con el monocultivo depredador, para distribuir la tierra y dar capacidad productiva a los campesinos.
Contra la estabilidad del productor agropecuario conspira también el monopolio de la distribución de artículos y alimentos de amplio consumo, ejercido por el monopolio Walmart. Es necesario y urgente crear nuevos modelos de distribución y ejercer estricto control sobre los monopolios.
Hacer realidad la consigna de ni tierra sin campesinos, ni campesinos sin tierra.
La maquinaría agrícola y los equipos agroindustriales, así como los abonos y otros  insumos en cuanto a precio y calidad serán controlados por el Estado.
Garantizar la producción de alimentos con la calidad y en la cantidad necesarias para satisfacer a la población es un elemento básico de la defensa de la  soberanía nacional.
Se debe establecer un control estricto sobre la actividad de las empresas agrícolas monopólicas que utilizan métodos de producción intensiva y que provocan daños, a menudo irreparables, al medio ambiente y a la fertilidad del suelo.
El Estado debe establecer un régimen de estricto control de la calidad, el efecto en el ser humano y los precios de los agroquímicos.
Los pobladores de las regiones costeras, de las islas y de la zona fronteriza deben ser protegidas por el Estado, dotadas de los servicios esenciales y gozar de la plenitud de derechos para la producción agrícola y pesquera.
Es necesario estimular la organización de la pesca artesanal y establecer empresas públicas, como el CNP, que compren y distribuyen sus productos. Una de las opciones fundamentales para lograr este propósito es la organización de cooperativas debidamente financiadas por entes públicos y la eliminación de la intermediación especulativa.
9.-PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LAS EMPRESAS INDUSTRIALES O COMERCIALES PEQUEÑAS Y MEDIAS
La protección especial para las empresas pequeñas y medias es un elemento fundamental para el desarrollo nacional.
Los  esfuerzos por evitar la desocupación deben ser prioritarios en la organización económica del país.
No se permitirá la instalación de empresas extranjeras que signifiquen daño económico para las pequeñas y medianas empresas nacionales.
Los pequeños y medianos empresarios dedicados a la agroindustria recibirán estímulos especiales por parte del Estado.
El desarrollo económico nacional será imposible sin romper los instrumentos jurídicos que nos atan a voluntades ajenas y si no se recobran los bienes públicos ilegítimamente entregados a monopolios extranjeros.
Es imprescindible derogar la llamada ley de concesiones y recuperar los puertos entregados al dominio de monopolios extranjeros en contradicción con disposiciones constitucionales.

10.-EDUCACIÓN GRATUITA Y DE CALIDAD
La educación gratuita y de calidad es un derecho de todos los habitantes, sin excepciones.
La educación debe someterse a un proceso de mejoramiento permanente, con un estímulo intelectual y salarial a los educadores.
La educación privada, desde la preescolar hasta la universitaria, se mantendrá bajo control estatal, tanto en cuanto a sus programas, sus métodos y sus tarifas.
No se debe permitir la llamada educación dual.
La formación de técnicos y otras actividades deben ser gratuitas, monopolio de la educación pública, a través del Instituto Nacional de Aprendizaje.
Ninguna modalidad de enseñanza ha de servir para utilizar a los estudiantes como mano de obra barata ni a ninguna otra forma de explotación laboral.
11.-DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE
Todas las actividades, sean productivas, educativas o recreativas serán sometidas a un régimen obligatorio de defensa del medio ambiente.
El agua es un elemento indispensable para la vida y parte esencial del medio ambiente; por  esas razones jamás podrá ser convertida en una mercancía.
Debe prohibirse la mercantilización privada del agua potable, su manejo y distribución deben ser monopolio absoluto del Estado.
Las concesiones para el uso privado de agua potable deben ser  controladas por el Estado y estrictamente sometidas a las disposiciones legales que correspondan.
El uso indebido o abusivo del agua de dominio público debe ser reprimido penalmente. El agua debe declararse propiedad de todo el pueblo y en consecuencia jamás sometido a las leyes del comercio capitalista.
El control de las fuentes de agua potable y su entorno debe ser función esencial e irrenunciable del Estado costarricense.
La fertilidad del suelo es uno de los bienes más preciados para los costarricenses y por eso debe prohibirse su uso abusivo e irresponsable.
El Estado ha de asumir la  responsabilidad de establecer fuentes de energía que no atenten contra el medio ambiente.
Importantes medidas adicionales: prohibición del uso de empaques plásticos tanto en los distribuidores de alimentos como en la presentación de diversas bebidas. Defensa y mantenimiento de los parques nacionales.
Es deber del Estado establecer un estricto control de los elementos no degradables de uso en el industria y el comercio.
Prohibición del uso de bolsas y de botellas plásticas en la actividad comercial.
12.-DESARROLLO FÍSICO MENTAL DE TODOS Y DEFENSA DE  LA SALUD DE LOS HABITANTES
El desarrollo físico de la población es una obligación esencial del sistema educativo y en general del Estado.
El Estado debe estimular y desarrollar todas las actividades recreativas, incluyendo las relativas a las actividades competitivas no lucrativas.
Los deportes de alto rendimiento que compiten nacional o internacionalmente también deben recibir apoyo y estímulo de parte del Estado.
Crear las condiciones para el buen uso del tiempo libre de la población.
El Ministerio de Salud debe recuperar su papel fundamental en la prevención de enfermedades.
La atención primaria debe ser el eje fundamental en el  fortalecimiento de la salud pública y de la acción de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Es imperativo devolver a la Caja Costarricense del Seguro Social, su autonomía y proporcionarle los recursos económicos para una eficiente y pronta prestación de sus servicios.
13.-PROTECCIÓN A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
La protección indispensable a los niños y adolescentes es absolutamente ineficiente.
El Patronato  Nacional de la Infancia debe ser fortalecido para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Debe garantizarse el cabal cumplimiento de las leyes y de la Convención de las Naciones  Unidas sobre Derechos del Niño.
El Ministerio Público y, en general, el Poder Judicial asumir funciones enérgicas para la defensa de los niños y de las mujeres agredidas. .
El abuso sexual contra niños debe ser atendido con prioridad a cualquier otra obligación del Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio Público y las policías preventiva y punitiva.
En esta materia deben introducirse cambios urgentes. Deben crearse tribunales especializados en esta materia y una procuraduría especialmente preparada para atender las violaciones de los derechos de los niños y de los adolescentes.
El centro focal de estos problemas debe ser la sentencia de José Martí: Los niños nacen para ser felices.
14.-HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO
El sistema penitenciario está sufriendo una grave crisis cuyo eje principal es la violación de los derechos humanos de la mayoría de los detenidos.
La atención de este grupo humano es complejo, pero en lo fundamental no toman las medidas necesarias para resolverlo.
Resolverlo es humanizarlo.
El camino de la superación de las causas de la conducta antisocial debe basarse en el respeto, la tolerancia, el estudio y el trabajo.
Por eso la cárcel tradicional debe sustituirse por posibilidades de estudio, de formación de técnicos y de trabajadores de la agricultura.
Cada cárcel debe tener un centro de trabajo y deben establecerse explotaciones agrícolas y ganaderas atendidas por los privados de libertad.
Los detenidos trabajadores deben recibir un salario que debe ser entregado a sus familiares.
PALABRAS FINALES
Estas son nuestras propuestas para concertar un programa común de las fuerzas populares dispuestas a luchar por la justicia social y por la independencia de nuestra patria.
Ni capitalismo salvaje ni sometimiento a voluntades extranjeras.
La población está molesta por la situación del pueblo trabajador y de todos los pobres.
Los cambios son urgentes.
Los  cambios que proponemos solo pueden ser alcanzados por la unidad de las organizaciones populares.
La oligarquía, como clase dominante, solo se interesa en  acumular más capital, aunque aumenten la pobreza y las penurias de pueblo trabajador. La oligarquía es apátrida, entrega la soberanía nacional y renuncia a la autodeterminación de los costarricenses.

 Llegó la hora de que todo el pueblo, unido y organizado, luche para superar  las nefastas consecuencias del capitalismo salvaje, alcance una vida digna y justa y la patria sea auténticamente libre.

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