sábado, 6 de agosto de 2016

UNA NOTA SOBRE LA CANCELACIÓN DE LA CREDENCIAL A 28 DIPUTADOS NICARAGÜENSES Y EL CASO DE LA VALIENTE Y HONESTA DIPUTADA LIGIA FALLAS.

Humberto Vargas Carbonell
La prensa ha publicado, con el sello escandaloso  que siempre acompaña toda información sobre la política nicaragüense, que le fueron canceladas sus credenciales a 28 diputados del Partido Liberal Independiente.
Se alega que estos diputados se apartaron del partido que los eligió;   1º me pareció que esa no era razón suficiente para tomar la decisión que se atribuye a Daniel Ortega, Presidente de la República.
La decisión no fue del Presidente Ortega, sino del organismo que dirige los procesos electorales y a petición de la Dirección del Partido Liberal Independiente. Tendrán que ser sustituidos por los suplentes igualmente elegidos por el pueblo.
En este momento en ese país se discute la “legitimidad” de la Dirección Nacional de ese partido.
Es un asunto que incumbe solo a los nicaragüenses, puesto que  igual que aquí las decisiones de los organismos electorales solamente pueden ser valoradas políticamente por nuestro pueblo.
Era obligatorio buscar en su Constitución el fundamente jurídico de esa actuación, tanto del organismo electoral como de la Asamblea de Nicaragua.
Así se llegó al artículo 131 de la Constitución de Nicaragua que en su segundo párrafo dice lo que sigue: “Los funcionarios electos mediante el sufragio universal por listas cerradas propuestas por partidos políticos, que se cambien de opción electoral en el ejercicio de su cargo, contraviniendo el mandato del pueblo elector expresado en las urnas, perderán su condición de electo debiendo asumir el escaño su suplente”.
Desde la óptica política costarricense  parece que la  reforma constitucional transcrita es errónea, puesto que al diputado no se le debe vincular de  tal manera a un partido político que se menoscabe absolutamente su libertad de pensar. Pueden presentarse dos hipótesis: una, que el diputado cambie sus opiniones sobre los asuntos en que deba actuar y otra, que sea el partido el que traicione los postulados que fueron presentados ante los electores.
En el primer caso quien debe tomar medidas disciplinarias es el partido sin solicitar la intervención de un organismo estatal y en el otro, obviamente, el partido no puede obligar a un diputado a traicionar los principios y proposiciones hechas al pueblo durante el proceso electoral.
Desde el ángulo de los intereses populares estas fluctuaciones ideológicas y políticas pueden operar positiva o negativamente.
La norma de la Constitución de Nicaragua responde a la tendencia a reforzar el papel de los partidos en los procesos políticos y principalmente en los órganos multipartidistas.
Esta misma tendencia se manifiesta en nuestro país. Hasta no hace mucho los diputados que se separaban de una tendencia política se constituían por ese simple hecho en una “una fracción independiente”, ahora no es así. El rol del diputado no se ejerce,  como dice la Constitución Política, a través de un cuerpo colectivo llamado “fracción parlamentaria”. La figura de “fracción” no aparece en ninguna norma constitucional, sin embargo el diputado que se separa del partido  sufre  una sanción que lo priva de derechos fundamentales. Por ejemplo no puede participar en “reuniones de jefes de fracción” y  además pierde el derecho a intervenir en el llamado “capítulo de control político”.
Si un diputado es electo por un partido que no eligió a ninguno otro, el solo constituye una “fracción”. El diputado que se separa de un colectivo, según las normas de hoy, no puede constituir una “fracción”. Así es que en la representación unipersonal unos tienen tantas facultades como los demás, pero no así el que se separa en razón de contradicciones políticas o ideológicas.
Tal es caso de la diputada Ligia Fallas. Fue electa por el Partido Frente Amplio y ha entrado en conflicto con la dirección de esa organización. Ha manifestado la intención de separarse de esa “fracción” porque una parte importante de sus integrantes han abandonado los principios expresados durante la campaña electoral. No puede hacerlo sin que se le cercenen derechos inherentes a su condición de representante popular.
La diputada Fallas es una valiente y honesta luchadora social, servidora genuina de las aspiraciones populares, una auténtica demócrata, pero obligada a estar donde no quiere por absurdas normas, evidentemente inconstitucionales.

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