domingo, 18 de octubre de 2015

LA RESOLUCIÓN DE ARESEP QUE ELIMINA DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL ICE LAS CONQUISTAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES.


La resolución de ARESEP que elimina de los costos de producción del ICE las conquistas laborales de los trabajadores, es una agresión infame contra los trabajadores y contra la institución.
Estos señores que ganan mucho y sirven  poco han decidido dejar sin efecto una convención colectiva que, como lo dispone el artículo 62 de la Constitución Política, tiene fuerza de ley.
“Tener fuerza de ley” significa precisamente que ese acuerdo entre trabajadores y patronos debe ser respetado por todos y que su modificación es un derecho exclusivo de aquellos que originalmente lo suscribieron.  Fue así como el constituyente quiso blindar las convenciones colectivas de trabajo de la intromisión de elementos ajenos, sean instituciones o agentes privados.
Ninguna de las partes en un convenio establecido por el artículo 62 de la CP puede tampoco modificarlo unilateralmente, por eso tiene plazo y cumplido este, si una parte lo denuncia, debe procederse a una nueva negociación.
Ahora los burócratas de ARESEP tienden una trampa, no afectan solamente a los trabajadores, sino también a la institución que, en este caso, es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La trampa es sencilla pero criminal: si el ICE se ve imposibilitado de pagar los salarios vigentes entraría en una crisis laboral impredecible. Se abre la posibilidad de que todos los trabajadores cuyos salarios sean modificados “unilateralmente” rompan los contratos de trabajo y en consecuencia reclamar el pago de sus prestaciones por rompimiento de los contratos con responsabilidad patronal.
Por otro lado si el ICE mantiene los salarios, como está obligado por ley, y si estos no se le reconocen como “costo de producción”, tendrían que aumentar las tarifas o exponerse a una quiebra técnica.
Los argumentos de ARESEP en cuanto a la contradicción del artículo 62 de la CP y el 47 no tiene ningún sentido. Las convenciones, como dejamos dicho, no pueden ser modificadas por terceros, y sus postulaciones son privativas de las partes del convenio. Se trata de un derecho particular, propio de los trabajadores y que, por lo mismo  no pueden ser postergados por una norma general aunque ambas formen parte de la Constitución Política.
Formalmente la Constitución Política no tiene contradicciones internas; el artículo 46 constitucional  establece un principio general y el 62 un derecho aplicable exclusivamente  a quienes sean parte de una convención colectiva de trabajo.
La cuestionable decisión de la ARESEP lleva implícita una interpretación de la Constitución Política para la cual no está facultada. Se trata entonces de abuso que no crea derecho.
Lo cierto es que la norma del artículo 62 tiene carácter imperativo y no simplemente declarativo.
Es también cierto que la ARESEP forma parte de una serie de instituciones que han sido creadas por las normas impuestas por el neoliberalismo (PAES, TLC) cuyo propósito es diluir las responsabilidades políticas y administrativas del Gobierno. En alguna ocasión me referiré a este problema de manera más completa. Esta descentralización es una maniobra más de carácter político que administrativo. Con esta dislocación salvan al gobierno y al partido que le sirve de sustento de responsabilidades políticas y, además,  deja en manos de fuerzas extrañas e irresponsables asuntos de primera importancia. Aresep y Sutel son buenos ejemplos de lo que estoy diciendo.
Aresep gasta dinero sin límite y sin control. Sus jerarcas deciden el edificio alquilan y el monto de sus salarios. Su desaparición mejoraría considerablemente la administración de los asuntos públicos y contribuiría a la solución de los problemas fiscales.
Hace unas semanas escribí una pequeña nota con el título: LOS RICOS LE DECLARAN LA GUERRA A LOS TRABAJADORES.

No es inmodestia decir que la vida me está dando la razón, todos los días.

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