Humberto Vargas Carbonell
PRIMERA
Escribí unas pocas líneas en que digo
que la conducta del Presidente Solís, en la ONU y en relación con la presencia
en su tribuna del golpista brasileño, fue correcta.
Obviamente esto no puedo ser
interpretado más allá de lo que dice el texto aludido, no es una adhesión
política ni una muestra debilidad en nuestra oposición a su gestión de
gobierno. Cualquier otra connotación sería abusiva e irrespetuosa.
Por supuesto que todos los ciudadanos
tenemos derecho a juzgar las acciones del gobierno y también los diputados.
Aunque estos no pueden olvidar que el artículo 140 de la Constitución Política
al establecer “los deberes y atribuciones que corresponden al Presidente de la
República conjuntamente con el respectivo Ministro de Gobierno”, en su inciso
doce, dice: “Dirigir las relaciones internacionales de la República”.
Los diputados tienen sesiones de
“control político” que son el momento idóneo para criticar al gobierno o
cualquiera de las muchísimas instituciones públicas. Cuanto más serias y
profundas esas críticas mejor para el país. Lo que me parece absolutamente
inadmisible es que los diputados se quejen ante los representantes de un
gobierno extranjero, sea por escrito o verbalmente, por las acciones políticas
de cualquier otra institución pública. Una extralimitación con estas
características es una ofensa grave a la soberanía nacional.
Según el periódico La Nación el “EL
GOBIERNO BRASILEÑO LE PIDE CUENTAS AL EMBAJADOR DE COSTA RICA”. ¡Cómo es eso de
que le pide cuentas! Si es un titular escandaloso y politiquero es parte de la
ética de esa publicación, pero si ese fue el término usado por los brasileños
no debe admitirse bajo ningún concepto. Las normas diplomáticas están
debidamente establecidas y todas se basan en el principio de la absoluta
igualdad de los Estados. Cuando se vulnera este principio—como lo hace
habitualmente la embajada de USA—se ofende a todo un pueblo. Los que no se
sienten “pueblo tico” no miden la trascendencia de ese acto, pero la mayoría sí
se siente implicada y ofendida.
En Brasil se realizó un vulgar golpe
de Estado contra la Presidenta Dilma Rousseff.
El tal Temer es presidente como
resultado de la violación de las normas democráticas. A la Presidenta no se le
cobró una falta administrativa ni ningún delito, le cobraron la orientación
de servicio al pueblo y la defensa de los derechos soberanos del pueblo
brasileño. Por las mismas razones se persigue ahora al expresidente Lula. Es la
repetida historia de los pueblos latinoamericanos: las cosas andan bien cuando
los ricos y los monopolios aumentan sus ganancias, aunque el pueblo pase
hambre. Cuando se trata de cambiar la lógica de esa ecuación
entonces aplican la violencia, la guerra económica y terminan,
cuando pueden, estableciendo gobiernos absolutamente serviles y capaces de cometer
crímenes, como por ejemplo la “operación cóndor”.
Lula y Dilma fijaron como meta
esencial de sus gobiernos terminar con el hambre crónica, llevar justicia
social a todo el pueblo y garantizar el derecho a la autodeterminación.
Iniciaron el proceso de construcción de una nueva sociedad que resultó
inadmisible para la legión de los corruptos neoliberales y para los monopolios
yanquis, que son lo mismo que el Gobierno de los Estados Unidos. El
golpe de Estado fue un golpe típicamente neoliberal, como lo han sido todos los
que han asolado a nuestra América en los últimos cincuenta años.
La esencia política del
neoliberalismo es el ideario ultraderechista y el fascismo.
Hay personas que, dominadas por el
formalismo jurídico, dudan sobre la caracterización de los acontecimientos
políticos en Brasil. Por eso quiero explicarlo con una hipótesis referida a
nuestro país.
Veamos.
¿Podría en nuestro país pasar algo
semejante a lo ocurrido en Brasil?
Aquí sería más fácil que en Brasil.
En el inciso 8 del artículo 121 de la
Constitución Política—que es el que atribuye a la Asamblea Legislativa sus
atribuciones exclusivas—se dice: “…resolver las dudas que ocurran en caso de
incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de la República, y
declarar si debe llamarse al ejercicio del Poder a quien deba sustituirlo…;” El
artículo 124 de Constitución dice que ese acto no tiene carácter de ley y no
requiere los trámites de éstas.
Ahora la hipótesis. Si una mayoría
parlamentaria utilizara maliciosamente esa norma para quitar el cargo de la Presidencia
de la República a quien lo obtuvo en unas elecciones regidas por las
normas electorales, ¿se cometería un golpe de Estado? Por supuesto que
sí, lo sería aquí en Costa Rica, como lo fue en Brasil.
La complicidad con los golpistas
brasileños, tanto de los diputados, periodistas y otros derechistas, solo se
explica por afán de agradar a los yanquis y de engañar al pueblo.
Una vez más se demuestra que toda la
propaganda de la derecha se basa en mentiras y en falsificaciones de la
realidad.
SEGUNDA
También quisiera escribir unas pocas
líneas sobre un tema relacionado.
La Asamblea Legislativa está
totalmente dominada por la ultraderecha. Muchos votantes tanto del PAC como
Frente Amplio, esperaron una conducta más consecuente y hasta aguerrida contra
los desafueros de la derecha. Son pocas las excepciones, entre las cuales me
parece justo destacar el trabajo de la diputada Ligia Fallas.
El liderazgo de la derecha lo han
acaparado los diputados Otto Guevara, otro de apellido Redondo y la Presidenta
de la Comisión de Hacendarios de cuyo nombre no me acuerdo.
Estos señores hacen un esfuerzo por
crear en el país un ambiente macartista, cuyo interés básico es desacreditar a los
empleados públicos y atentar contra las instituciones fundamentales
del sector público, como el AA, la Caja del Seguro Social y el ICE.
Sin ningún recato ofenden y calumnian
a los trabajadores, atenidos a su inmunidad. Es cierto que en la administración
están presentes algunos de los corruptos más inmorales y desalmados. Los más
fácilmente distinguibles no son señalados por esos diputados, pero generalizan
para insultar a trabajadores honestos y eficientes.
Es cierto que en la Administración
existen fallas y anomalías. También es cierto que ahí está concentrada la
corrupción. Se persigue a los de abajo y se alcahuetea a los de arriba. Esta es
una lógica deshonesta y también corrupta. Si se lograra erradicar la corrupción
de los altos jerarcas y se persiguiera como es debido a los usufructuarios
“privados” de esas conductas se daría un enorme paso adelante.
Lo que se roban los corruptos se lo
roban al pueblo.
La lucha contra la corrupción tiene
su arma fundamental en el control estatal y popular. Los neoliberales le temen
al control como los felinos le temen al fuego. Su aspiración suprema es
garantizar a los empresarios el derecho a la máxima ganancia, sin
frenos de ningún tipo.
Este es el propósito del diseño de la
sociedad neoliberal que corresponde a una etapa de profunda crisis del modo
capitalista de producción.
El Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial y un enjambre de instituciones de diversos tipos, en conjunto
constituyen el embrión de la dictadura mundial a que aspira el imperialismo.
Es una nube envenenada que cubre el
mundo de los trabajadores y de los países dependientes y pobres.
Todos los trabajadores están siendo
cruelmente perseguidos y especialmente los que sirven al sector público. Los
grandes empresarios viven, aunque se quejen, en un paraíso terrenal, donde el
árbol de la vida son jugosas cuentas bancarias y sin frutos prohibidos. No es
prohibido robarle al fisco o la Caja, pero más de la mitad de los trabajadores
gana menos del salario mínimo y el derecho de sindicación está borrado de su
vida.
La campaña contra los empleados
públicos es absolutamente inquisitorial. Es una cruzada de los ricos contra los
pobres. Una peseta más en el salario es un atentado, y millones en las cuentas
de los evasores es una muestra de la vitalidad de la economía nacional. Cuando
la explotación, la opresión y el irrespeto a los derechos de los trabajadores
crecen descontroladamente es que podemos hablar de una nueva inquisición. Todos
debemos someternos a los poderes omnímodos de los explotadores, sin derecho a
protestar ni a organizarse. Bajo el manto de la falsa democracia se debilitan o
se violan los derechos inherentes de los seres humanos pobres.
La persecución de los diputados
citados y de todos los neoliberales, tiene un carácter inquisitorial.
No hay derecho a la defensa, solo queda apelar al respeto propio, a la dignidad
y sublevarse contra la opresión
Voy a citar un texto, sin ninguna
intención religiosa, para que cada haga las adaptaciones que considere
pertinentes, pero que me parece que viene al caso, cuando me refiero a una
inquisición que considera “herejes” a los empleados públicos.
Aquí la cita. “Que todo católico
quede facultado de perseguir su persona ( a los herejes) y de arrebatarle y
apropiarse de sus tierras y posesiones. De este modo se purgará la herejía del
territorio que hasta hoy haya sido dañado y mancillado. ¡Adelante soldados de
Cristo! ¡Esforzaos en pacificar esas poblaciones en nombre del Dios de paz y
amor! ¡Aplicaos en destruir la herejía por todos los medios que Dios os
inspire!
“Tras estas encendidas palabras del
llamamiento a la cruzada por parte del Papa Inocencio III en 1208, miles de
personas ardieron vivas. Hombres, mujeres y niños. Nunca antes los cristianos
habían actuado así contra sus semejantes, pero ¿por qué se acabó así con ellos?
¿Qué temía la autoridad? (LA VERDADERA HISTORIA DE LOS CATAROS. Pág. 8- Anne
Brenon.
Han pasado muchos años pero la
injusticia sigue viva, con nuevos ejecutores.
Los fanáticos neoliberales consideran
que los que no comparten su ideología son herejes.
